Sobre que la "pausa de comida" se haga en la sala de CCTV mírate que para estar en la sala de cámaras tienes que tener la formación específica de CCTV, si no la tienes... .

Si tenemos contrato de obra y servicio en un centro comercial y la empresa coge un servicio de una tienda en el mismo centro comercial que desarrollamos la funciones y nos meten en el cuadrante unos días en esa tienda para tener mas horas ¿eso es legal? la empresa no ha comunicado nada por escrito da por hecho que nos parece bien la idea.

Pues lamento decir que no logro encontrar d adonde se sacaron lo de la formación específica para armas, acudas, fondos.... pero si recuerdo que ahora hace falta salvo que acredites que llevas 2 años haciéndolo :/

Los cursos de superespecialización altamente cualificada de 10 horas son de realización voluntaria, el régimen sancionador no prevé sanciones para la inobservancia de unas previsiones recogidas en una orden ministerial no amparadas ni en la Ley ni en el Reglamento.

¿pero para la empresa supongo que (al menos en teoría) si que debe tener en correspondencia una sanción al considerar como falta grave en el art.149 del RSP la de tener V.V.S.S. sin esa formación específica?.
Corrígeme si procede, porque el experto sin duda eres tú y ya sabes porque lo comento.
un saludo

De modo que debemos acudir, dentro del Capítulo IV "Régimen sancionador", a la Sección Primera "Infracciones", donde se ubica sistemáticamente el indicado artículo 25 para determinar si en los artículos precedentes, concretamente en el artículo 22 que describe los cuadros de infracciones atendiendo a su gravedad, distinguiendo en leves, graves y muy graves, se proporciona la necesaria cobertura legal al artículo cuya legalidad ahora se cuestiona --el artículo 149.5 del Reglamento --. Entre las infracciones graves, que son las que ahora interesan, se tipifica en el apartado e) del artículo 22.2 de la Ley , que se invoca por el Abogado del Estado, como infracción grave "la utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de cualesquiera de los requisitos necesarios". Sin embargo este precepto no constituye la cobertura legal a la norma reglamentaria impugnada en esta cuestión de ilegalidad, pues la carencia de los requisitos necesarios se refiere a la nacionalidad o cualificación, como establecía el artículo 149.5 del Reglamento en su redacción anterior a la reforma por RD 1123/2001 , y no a la realización periódica de cursos de actualización o especialización.

Así es, en el artículo 10.1 de la mentada Ley de Seguridad Privada se requiere, para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, que el personal ha de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, con el carácter de autorización administrativa. Y para la obtención de la habilitación indicada, en el apartado 2 de dicho precepto, se dispone que los aspirantes han de reunir una serie de requisitos, relacionados en ocho apartados, entre los que no se incluye a la necesaria realización de cursos de actualización o especialización. Estos requisitos se refieren a la nacionalidad, mayoría de edad y límite de edad, la aptitud física y la capacidad psíquica, superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones, carecer de antecedentes penales, no haber sido sancionado en años anteriores por infracción grave o muy grave, no haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control en las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, no haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud.

El requisito relativo a la superación de las pruebas oportunas (artículo 10.1.d/ de la citada Ley ) se refiere al acceso para el ejercicio de la funciones de seguridad privada y no la continuidad en el desempeño de las mismas, que es lo que trata de salvaguardar los cursos de actualización o especialización. Por tanto, la referencia que la norma legal sancionadora (artículo 22.2.e/ de la Ley 23/1992 ) hace a los requisitos necesarios para ejercer las funciones de seguridad privada, no encuentra en el artículo 10.2 de la misma Ley referencia alguna a los cursos de actualización o especialización como requisitos para tal ejercicio. Si esto es así, fácilmente se colige que la norma reglamentaria sancionadora --artículo 149.5 tras la reforma por RD 1123/2001 -- ha descrito una conducta nueva sin conexión con la Ley.

En definitiva, se ha establecido una regulación innovadora e independiente ajena a las previsiones legales, de modo que la contravención administrativa descrita en la norma reglamentaria no ha sido definida en sus aspectos esenciales por la norma legal. Siendo así que el citado artículo 149.5 no se ha limitado a precisar o especificar, como indica el artículo 129.3 de la Ley 30/1992 , lo dispuesto en la Ley y con subordinación a la misma, sino que ha creado "ex novo" un ilícito administrativo desconectado de lo dispuesto en la Ley. Todo lo cual nos conduce a la estimación de la cuestión de ilegalidad suscitada.

...todo debería ser mas simple como las órdenes al perro...¡sit!,¡plas!.