Aumenta la contratación de detectives que investigan el fraude en la escolarización

A pocos días de que se cierre el plazo para presentar alegaciones al proceso de escolarización, el próximo miércoles, las familias que temen quedarse sin plaza en el colegio de su elección han vuelto a confiar en los investigadores privados para probar sus sospechas de que otros progenitores han cometido fraude en el proceso de admisión.

Después de dos años en los que la crisis económica hizo que muchos padres se convirtieran en detectives amateurs y realizaran la investigación por su cuenta, las agencias vuelven a tener un número de casos y consultas similar al de cursos anteriores con un incremento del 20 por ciento respecto al año pasado, según las cinco agencias consultadas por este periódico. Sólo una de ellas ha decidido no aceptar ningún caso, a pesar de recibir la solicitud de cuatro familias, debido a que el trabajo que no les compensa.

Las otras cuatro investigan un total de diez casos, aunque han recibido el triple de consultas de familias interesadas en que indaguen en los datos presentados por otros padres. «Sólo podemos coger un número limitado de casos porque son investigaciones que deben realizarse en muy poco tiempo y requieren un trabajo muy exhaustivo», explica F. (que prefiere guardar anonimato), responsable de una de las agencias. Este detective considera que el cambio en la zonificación de los centros, que ha provocado que algunos colegios dupliquen la demanda, ha sido determinante a la hora de que las familias vuelvan a recurrir a los profesionales para defender sus derechos.

Hasta 400 euros diarios
Una vez más, el fraude se centra en el domicilio acreditado y todos los casos corresponden a colegios concertados, donde casi 500 niños de tres años se han quedado sin plaza por exceso de demanda. «La gente sigue empeñada en empadronarse donde no vive para entrar en una escuela concertada. Los cambios en la zona y en el baremo no han contribuido a solucionar nada y el fraude se mantiene. Los padres se sienten desprotegidos por la administración, que sigue sin poner los medios para detectar y perseguir el fraude, y por eso deciden investigar y denunciar», añade R. (que tampoco quiere reflejar su identidad), detective de otra agencia.

Para los profesionales privados, la determinación de estos padres es una prueba de que para las familias no hay nada más importante que la educación de sus hijos y que por ello están dispuestos a hacer un importante sacrificio económico. Así, de acuerdo con las agencias consultadas, la tarifa diaria, que incluye la aportación del material gráfico y documental, oscila entre los 300 y 400 diarios. Cada agencia dedica una media de tres días para la investigación, aunque depende del número de solicitudes que haya que comprobar. «En uno de los casos que llevo sólo tengo que investigar cuatro domicilios, pero en el otro hay que comprobar una docena», apunta P. (que sigue la pauta de sus compañeros), desde otra agencia.

Una de las familias que este año ha contratado los servicios de un detective explica a ABC los motivos de su decisión, pero prefiere permanecer en el anonimato debía a la sensibilidad del tema. La madre, Rocío, un nombre ficticio, cuenta que su hija de tres años podría quedarse sin plaza en el colegio concertado solicitado y que tampoco tiene posibilidades en los otros tres centros de reserva que indicaron en la solicitud, también concertados, porque están todos saturados por la demanda. «Ante la posibilidad de que se quedara sin plaza y la asignen a un colegio que no sea de nuestro agrado, decidimos ir a por todas», señala.

De este modo, abierto el proceso de alegaciones, pidieron a la dirección del colegio ver los expedientes de los solicitantes, tomaron los datos de aquellos casos que les parecieron sospechosos y los remitieron al detective privado, que ya ha detectado dos solicitudes dudosas. «La educación de tus hijos es lo primero. Todo el mundo quiere los centros concertados y hay cientos de niños que se quedan sin entrar. La Administración debería reflexionar sobre esto y tomar medidas, ya sea mejorar las condiciones de los colegios públicos, para que las familias los prefieran, o aumentar las plazas en la concertada para atender una demanda real», concluye Rocío.

http://www.abc.es/20110501/cordoba/abcp ... 10501.html